Asistir al Poder Ejecutivo en todo lo referente a las funciones vinculadas con la seguridad de los ciudadanos de la Provincia, en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.

1. Entender en la determinación de los objetivos y participar en la definición de las políticas del ámbito de su competencia.

2. Entender en la formulación  de los planes y programas del Estado Provincial, relativos a la seguridad de los ciudadanos.

3. Coordinar las acciones de seguridad de la Provincia, con otras fuerzas de seguridad internacionales, nacionales y provinciales.

4. Entender y coordinar acciones con instituciones y organismos internacionales, nacionales y provinciales en todo lo atinente en materia de narcotráfico y sus delitos conexos.

5. Entender en la planificación, dirección y supervisión de la ejecución de estudios y trabajos técnicos de interés para la Seguridad Provincial.

6. Entender en la planificación y definición de estrategias y acciones de prevención del delito en interacción con la comunidad.
7. Entender en la planificación y coordinación de la defensa civil, dentro del ámbito provincial.

8. Entender en la dirección de los organismos de las Fuerzas de Seguridad, puestos bajo su dependencia.

9. Autorizar y supervisar el funcionamiento de las empresas de seguridad privadas, conforme a las normativas vigentes en la materia.

10. Intervenir en la proposición de las designaciones para los cargos superiores de los organismos que correspondan.

11. Entender en la incorporación de efectivos de las Fuerzas de Seguridad y su distribución.

12. Entender en todo lo concerniente a los servicios públicos de transporte terrestre de pasajeros y de carga, así como de la seguridad vial en el ámbito provincial, su regulación, contralor y planificación.

13. Entender en la organización, coordinación y control de las acciones tendientes a solucionar situaciones extraordinarias o de emergencias, en consonancia con las instrucciones del Ministerio de Defensa de la Nación.

14. Ejercer las facultades que el Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán otorga a las autoridades administrativas.